Costa Rica: una democracia estable con el contexto más adverso previo a una elección

Sunday, February 2, 2014 - 15:00

El 2 de febrero de 2014 se celebra el decimosexto proceso electoral consecutivo y democrático desde que se fundó la Segunda República en Costa Rica, con la Constitución Política de 1949.

Este historial, junto a las fortalezas del Estado de derecho, y otras características del sistema político costarricense, hacen de este país, una democracia madura y longeva. No obstante, el actual proceso electoral tiene una característica especial: se desarrolla en el contexto político más desfavorable de cara a una elección desde que existen registros. Esta dificultad no surge de amenazas a la garantía de que gozan las y los ciudadanos, de participar en elecciones limpias, libres, competidas y decisivas (O’Donnell, 2010; O’Donnell et al., 2003). El sistema político costarricense ha tenido y sigue teniendo altos puntajes en todos los índices internacionales que evalúan la democracia (Freedom House, 2012). La dificultad surge por el deterioro que exhibe el sistema político en su capacidad de gestionar la competencia electoral, un tema que viene acrecentándose en los últimos años.

La campaña electoral 2013-2014 inicia en momentos en que convergen débiles vínculos entre ciudadanos y partidos (desalineamiento partidario), un severo desalineamiento electoral que “desengancha” a amplios territorios de la participación en las elecciones, un fuerte aumento de la insatisfacción ciudadana con la democracia, sus instituciones y la gestión de gobierno, y partidos que enfrentan cuestionamientos por irregularidades en su financiamiento. Si estos factores pudieran visualizarse como un panel de indicadores, en años recientes todos mostrarían evoluciones preocupantes desde el punto de vista del interés y la implicación ciudadana en un proceso democrático básico.

Con respecto la vinculación ciudadana con los partidos políticos, vale anotar que, pocos meses antes de las elecciones nacionales de febrero de 2014, cerca de la mitad de las y los ciudadanos afirma no tener una simpatía partidaria. A tan solo cuatro meses de iniciar la campaña electoral, en junio de 2013, la proporción de electores que no se habían adherido a ningún partido llegó al 47% (gráfico 5.1). Este escenario marca una tendencia de alto desalineamiento partidario, en la que una persistente y amplia proporción del electorado –en este caso la mitad o más– no tiene un partido. Esa distancia entre electorado y partidos no ha cambiado sustancialmente durante la campaña. Durante la semana previa a la elección, alrededor de un 35% de los posibles votantes siguen sin decidirse por cuál partido y candidato votar. Ello de acuerdo con la última encuesta de opinión, publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.

Vale anotar, que solo en dos de las treinta mediciones de opinión que se han realizado desde 2004, algún partido ha logrado captar más electores que los que se declaran "sin partido". La situación actual contrasta fuertemente con la prevaleciente a inicios de la década de los noventa, cuando regía el bipartidismo. En aquella época más del 90% de la población simpatizaba con los dos principales partidos políticos: el Partido Liberación Nacional (PLN) o el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Los votantes que no estaban adscritos a alguna de estas agrupaciones, incluso antes de que iniciara el proceso electoral, no representaban más del 10% (gráfico 1). En concreto, en 1993, un año antes de los comicios, las simpatías por el PLN y el PUSC de manera agregada promediaban el 94% de las personas consultadas. Un 4% no simpatizaba con ningún partido y menos del 2% de la población dijo simpatizar con un partido distinto a los dos mayoritarios.

La erosión empezó a manifestarse en el proceso de 1997-1998. Un año antes de esas elecciones presidenciales, las simpatías hacia el PLN y el PUSC bajaron de manera agregada al 67% en promedio, frente a un 31% de personas que no simpatizaban con ningún partido. El escenario de alto desalineamiento electoral se afincó a partir de 2003.

Es importante indicar que la erosión del apoyo electoral es un fenómeno que trasciende al PLN y el PUSC y se extiende al sistema de partidos en general. Las encuestas del Barómetro de las Américas y de Unimer confirman que los partidos políticos son las instituciones con los niveles de confianza más bajos. Y de acuerdo con las simpatías de los electores, después de 2002 ninguna otra agrupación ha logrado captar a los votantes descontentos con el bipartidismo.

Gráfico 1
Evolución de las simpatías partidarias en Costa Ricaa/

a/ En los meses de septiembre de 2007 y enero de 2010 se realizaron dos encuestas.

Fuente: Programa Estado de la Nación con datos de Unimer, 2013.

Otro de los indicadores que ilustran el actual clima desfavorable es el de apoyo a la democracia. De acuerdo con el Barómetro de las Américas de la Universidad de Vandebilt (Lapop), el apoyo promedio al sistema político costarricense registró en 2012, su nivel más bajo desde su primera medición en 1978: 56 puntos en una escala de 0 a 100. Nunca antes la cifra de Costa Rica había sido igual o menor a 60 puntos (gráfico 2). Esta caída profundiza una tendencia de largo plazo que muestra un declive en el apoyo al sistema, y que ha coincidido con un período de deterioro y recomposición del sistema de partidos, volatilidad en las preferencias electorales, escándalos de corrupción y menores niveles de participación política.

En el período 2004-2012, los cinco componentes del apoyo al sistema registraron descensos. En cuatro de ellos el valor del índice disminuyó en más de 10 puntos en la escala de 100 unidades (gráfico 5.5). Los rubros que experimentaron las caídas más significativas durante estos ocho años son el orgullo por el sistema político (15 puntos menos en 2012 que en 2004), el apoyo al sistema político y la percepción de que los tribunales de justicia garantizan un juicio justo (ambos con una merma de 12 puntos en el mismo período).

Gráfico 2
Índice de apoyo promedio al sistema políticoa/ en Costa Rica. 1978-2012b/

a/ Tomando como fuente la encuesta Barómetro de las Américas, el índice de apoyo promedio al sistema político se calcula sacando el promedio de las respuestas a las siguientes preguntas (se utiliza una escala de 1 a 7):

§  ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de su país garantizan un juicio justo?

§  ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de su país?

§  ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político de su país?

§  ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema político de su país?

§  ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar el sistema político de su país?

b/ Los estudios de 1978, 1980, 1983, 1985, 1990, 1995 y 2002 usaron una muestra del Área Metropolitana de San José. En los demás casos se utilizó una muestra nacional.

 

Fuente: Programa Estado de la Nación con datos de Lapop, 2012.

En este contexto electoral adverso, participan organizaciones partidarias debilitadas, con escasa consistencia orgánica y antecedentes programáticos de alcance reducido. A ello hay que sumar procesos de desnacionalización electoral, que pueden dificultar la representación política responsable de los próximos gobiernos.

Al analizar la estructura organizativa definida en los estatutos de los principales partidos políticos costarricenses, se observa que la gran mayoría carece de instancias con la capacidad necesaria para promover la acción política de manera coordinada con las instancias de dirección partidaria. En general, las agrupaciones inscritas a nivel nacional exhiben una pobre organización, más allá de la estructura mínima que exige el Código Electoral.

Estas deficiencias organizativas se reflejan en la práctica política, donde se pueden observar partidos políticos inscritos a nivel nacional, pero con alcances muy reducidos en todo el país. Al analizar su quehacer en tres de las funciones centrales de los partidos en democracia[i] –con base en entrevistas a sus líderes– se constató que, pasadas las elecciones, sus estructuras se achican y buena parte de sus instancias se desactiva. Se limitan a mantener la sede central –cuando existe–, sufragar los gastos operativos básicos y organizar actividades aisladas que por lo general se realizan en el Valle Central (la zona más urbana en el centro del país).

En suma, los votantes deben decidir a quién respaldar en las próximas elecciones del 02 de febrero, en un contexto de menor participación electoral, desalineación partidaria y los más bajos niveles históricos de satisfacción con la democracia. Los principales datos de previo a la elección muestran además, una alta probabilidad de una segunda vuelta, a realizarse en abril de 2014.

La costarricense es una democracia madura con problemas endémicos que la están afectando severamente. El próximo Gobierno –sea cual sea– deberá prever que desde el inicio tendrá un reducido margen de acción, con un Congreso fraccionado, conformado por organizaciones partidarias –incluida la suya– con débiles fundamentos para ejercer su función de agregar intereses y renovar liderazgos con un fuerte arraigo social. En el desarrollo de su proyecto político, el Gobierno enfrentará además, la profunda desconfianza ciudadana, y múltiples problemas heredados de anteriores administraciones, entre los que destaca el mayor déficit fiscal de los últimos dieciocho años (5,4% del PIB), el aumento de la desigualdad y un importante déficit en infraestructura, entre otros.


[i] Las tres funciones analizadas son: a) función de socialización política, que incluye la creación y actualización del pensamiento político, la renovación de las estructuras partidarias y la formación político-ideológica de sus militantes; b) función de agregación de intereses, sobre las capacidades del partido para canalizar los intereses de la población y de grupos sociales afines a su ideario, para luego agregarlos en demandas; y c) función electoral, referida a la organización de campañas electorales para que sus representantes accedan al poder y ejecuten un proyecto político-partidario previamente definido.

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